Gobierno no puede negociar indefinidamente sobre Barro Blanco

Ricardo González Jiménez

(Ciudad de Panamá – ANPanamá). Fernando Aramburú Porras, exdirector del desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y uno de los gestores de la privatización del sector eléctrico en Panamá, aseguró que el gobierno debe tomar una decisión final sobre la hidroeléctrica Barro Blanco y todos los ciudadanos tendrán que acatarla porque “sencillamente no se puede seguir negociando sobre este tema indefinidamente”.

“Si alguien no esta de acuerdo, para eso están las cortes de justicia, pero hay momentos en que si una negociación no tiene final, se debe tomar una decisión, pero hasta cuando vamos a seguir negociando, si esto es así entonces no podremos hacer nada en Panamá”, enfatizó Aramburú Porras a la Agencia de Noticias Panamá (ANPanamá).

El proyecto Barro Blanco, una hidroeléctrica de 30 megawatts con un costo de más de US$120 millones, que se construye en el Oriente de Panamá, se encuentra paralizado desde hace más de seis meses por grupos indígenas que lo mantienen bloqueado, alegando que destruirá el medio ambiente en la comarca indígena Nobe Buglé. La misma ya tiene un avance del 90%.

La empresa Generadora del Istmo (GENISA), propietaria del proyecto, ha expresado en varias ocasiones, por medio de comunicados, que se debe respetar la integridad de los trabajadores y del contratista y a vez que la seguridad de las instalaciones. Igualmente ha recordado que el gobierno y la Comisión Indígena aprobaron la realización de obras parciales, pero lamentablemente el proyecto sigue suspendido.

Genisa igualmente ha señalado que en un estado de derecho como en el que imperan las garantías fundamentales debe respetarse los derechos de trabajo, propiedad privada y libre empresa, los cuales descansan sobre la seguridad jurídica.

A inicios de febrero de este año, la Autoridad Nacional del Medio Ambiente (ANAM) por nfracciones ambientales que pueden acarrear sanciones a sus constructores. La medida adoptada por la ANAM corresponde a un proceso administrativo en contra de las empresas constructoras, sobre la base del incumplimiento del Estudio de Impacto Ambiental y de Manejo Ambiental, la falta de acuerdo con las comunidades afectadas, la tala de vegetación y ausencia de manejo de desechos sólidos y de explosivos. 

Para Aramburú Porras, es lamentable que un pequeño grupo de pobladores que se sienten afectados puedan detener de forma indefinida un proyecto de la magnitud de la hidroeléctrica de Barro Blanco, ya que esto manda un mal mensaje a la comunidad, tanto local como internacional de inversionistas potenciales para Panamá.

“Panamá el mapa global es un país minúsculo, pero que requiere mucha energía para seguir creciendo. Hace 15 años la demanda de energía en Panamá era de 700 megawatts, mientras que hoy es de 1.700 megawatts. Estamos creciendo a un ritmos de 100 megawatts por año y necesitamos toda la energía que se pueda producir, porque la energía que no usemos la exportaremos y eso serán ingresos extras para el país”, precisó Arambrú Porras.

Destacó que es primordial que en todos los proyectos se respete el medio ambiente y el impacto a las comunidades, por lo que se debe conversar con ellas, pagarles su compensación de ser necesario y si se deben trasladar hay que hacerlo de forma adecuada, como se ha hecho en otros casos, pero simplemente no se pueden detener los proyectos energéticos.

“Si no se encuentra una solución al problema de los proyectos hidroeléctricos, Panamá terminará llena de plantas térmicas que consumen derivados de petróleo, porque con plantas solares y eólicas solamente no se llenará las necesidades del energéticas del país”, señaló Araburú Porras.