Estrategia de Panamá para eludir la Lista Negra
Una Alfú Reyes
unalreyes@anpanama.com
(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Recientemente, el gobierno panameño comunicó formalmente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) su intención de incorporarse a la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal. En los foros y medios de comunicación europeos, Pascal Saint-Amans, director del Centro de Política y Administración Fiscal de la OCDE ha estado manifestando que Panamá “era el último mohicano” entre los países más reticentes a hacer avances reales en materia de transparencia fiscal.
A mi entender, la decisión tomada por el gobierno con apoyo de los miembros del sector privado que participan en CANDSIF, responde a los ataques e insistentes presiones al país y su plaza financiera. El paso que dará Panamá constituye un triunfo para Washington, Paris y Bruselas, pero tal vez un gesto que parecía ineluctable de cara a la coyuntura actual. La negativa a hacerlo conlleva la amenaza de figurar como “la oveja negra” en la futura lista de países “no cooperantes” en 2017 y la atribución de una “mala nota” por parte de los pares en la segunda fase del examen (Peer Review) del Foro Global en octubre próximo.
Pasado lo peor de la crisis desatada por los Papeles de Panamá, corresponde ahora diseñar una estrategia propia, clara, y proactiva con visión de largo plazo de cara a asegurar el futuro de la plaza financiera nacional y empleos en este sector. Para ello, es preciso y urgente involucrarse en los trabajos del Foro Mundial para comprender las tendencias, así como el manejo político y técnico de estos espacios en la práctica. Es a partir de esa comprensión, que podemos definir, promover y defender el interés nacional.
Pascal Saint-Amans no cesa de mostrar su impaciencia y reiterar que para el 2018, todas las plazas financieras deberán estar intercambiando de manera automática sus informaciones de cuentas bancarias. La gran preocupación de los centros financieros internacionales son los Estados Unidos, pues en materia de intercambio de información, no se han comprometido con el marco de la OCDE. Tienen FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act), norma de alcance extraterritorial que está pensada para que ellos reciban información y no emitirla. Panamá decidió en abril firmar el acuerdo para la aplicación de esta norma. El no hacerlo, traería como consecuencia la exclusión de nuestras instituciones bancarias del sistema financiero internacional.
Las autoridades del gobierno anunciaron el compromiso de que Panamá llevará a cabo el intercambio de información automático de cuentas financieras a partir de 2018, sobre una base bilateral. Esto significa que Panamá tendrá que firmar y ratificar el Acuerdo accesorio a la Convención Multilateral denominado “Competent Authority Agreement (CAA) conforme a lo dispuesto en el artículo 6 de la Convención, fuertemente inspirado de FATCA, utilizando el modelo del CRS (Common Reporting Standard). No hay cabida para oponer el secreto bancario, esgrimir la falta de interés doméstico en determinada información como argumento suficiente para negarse a proveer la información solicitada por otro Estado, ni la imposibilidad o dificultad para acceder a las informaciones mantenidas por bancos, instituciones financieras y agentes fiduciarios.
Los desafíos institucionales y estructurales que el gobierno tiene por delante para implementar el CRS son de gran talla: Le corresponderá desarrollar una plataforma operativa que incluya en primer lugar, la adecuación de la normativa doméstica. Los diversos convenios para evitar la doble imposición suscritos por Panamá con otros países deberán ser modificados o complementados. Asimismo, se requerirá personal formado técnicamente, instalaciones dotadas de vigilancia y sistemas informáticos avanzados para el tratamiento del flujo de información. A este respecto, la OCDE anunció que ofrecerá asistencia técnica para implementar los mecanismos de intercambio fiscal. El kit de herramientas vendrá acompañado de un manual de aplicación para que funcione de acuerdo con los estrictos estándares de este organismo. Por ejemplo, es de esperarse que se incluirá el paquete de implementación del Country by Country Reporting, de la Acción 13 del plan de BEPS, sobre el examen de la documentación de los precios de transferencia de las multinacionales.
El gobierno panameño afronta también una ardua tarea política: Elegir cuidadosamente a sus contrapartes dando preferencia a países con los cuales Panamá tiene estrechas relaciones políticas y económicas. Deberá también asegurarse de que dichos países ofrezcan garantías de confidencialidad y posibilidad de solución de regularización para el pasado antes de que entre en vigor el intercambio automático. Un elemento clave en las negociaciones deberá ser el libre acceso de los bancos panameños a los mercados. Por otra parte, deberá exigir con firmeza al Foro Global que se cumplan las reglas del juego equitativas (level playing field), a fin de que nuestra plaza financiera no sufra desventajas injustas.
FATCA y CRS han venido para quedarse.
La autora es abogada