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Sector Logístico panameño pide actuar enérgicamente frente al tema de Colombia

Alma Solís

asolis@anpanama.com 

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). El sector privado logístico panameño, aglutinado en el Consejo Empresarial Logístico (COEL), adviertió que, “después de 10 años de continuos ataques provenientes de las autoridades colombianas y 2 paneles ante la Organización Mundial del Comercio, ha llegado el momento de actuar en forma enérgica e inmediata en pro de la defensa de uno de los ejes centrales del histórico desarrollo del país: la Zona Libre de Colón”.

Coel emitió un comunicado en el que calificó las medidas colombianas anunciadas en los Decretos 1744 y 1745 del 2 noviembre del año 2016, como agresivas y señaló tendría  “la intención de desmantelar el intercambio comercial que existe entre ambos mercados, en abierta protección a sus intereses, desconociendo acuerdos y compromisos internacionales y afectando inclusive a los propios consumidores colombianos”.

El documento firmado por presentantes de las principales asociaciones logísticas del país, agrega que estas medidas son un obstáculos al comercio, que les obliga a exigir a a las autoridades panameñas “la inmediata aplicación de la Ley 48 del 26 de octubre del 2016” que pone las medidas de retorsión que pueden ser aplicadas cuando el país sea víctima de acciones y restricciones discriminatorias e injustificadas.

“Hacemos un llamado a las autoridades de Colombia para que reflexionen sobre el impacto que la aplicación de estas medidas tendrían no sólo en el ámbito comercial sino también en el plano social, político y diplomático entre nuestros pueblos” dijo Coel.

El gobierno de Panamá anunció la conformación de una comisión Ad Hoc para  evaluará acciones “para garantizar la protección de sus intereses comerciales en cualquier rubro que pueda ser perjudicado por acciones unilaterales de otros países.

Por su parte, el presidente del gremio  Leroy Sheffer conversó con ANPanamá y dijo que en 10 días a partir de la vigencia del Decreto 1745 del 2 de noviembre del año 2016, Colombia definiría vía la Dirección de Impuestos y Aduanas los lugares habilitados por donde las confecciones y calzados sujetos a la aplicación de las medidas podrían ingresar al país. 

Según explicó esto en la práctica tiene por objeto desincentivar el intercambio comercial bilateral, lo cual regresa, conceptualmente, a una disputa que hace 7 años claramente un panel arbitral advirtió como ilegal. 

“Es inverosímil pensar que un país que apuesta al desarrollo de su conectividad, prefiera controlar el acceso de determinados productos, vía la restricción de puntos de ingreso, que aplicando eficientes medidas supervisión aduanera” dijo Sheffer .  

Tambien consideró que el hecho que Colombia requiere a los agentes aduaneros un estudio de conocimiento del cliente importador es claramente es una medida que provocaría que los agentes que movilizan carga, den la espalda a aquellos importadores que deseen importar las mercancías sujetos a la medida.   

“Esta acción no sólo violaría reglas de facilitación aduanera, sino que supone una clara extralimitación en las capacidades de supervisión comercial que debe llevar adelante la autoridad aduanera, en el ejercicio de sus funciones” enfatizo Sheffer quien además fue negociador.