Economía | lunes 04 de diciembre de 2017 | 09:44hs
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Panamá acude a su última evaluación del Gafi con proyecto de penalización del fraude fiscal bajo el brazo

Visita de Gafilat en mayo de 2017
Visita de Gafilat en mayo de 2017
Visita de Gafilat en mayo de 2017
Visita de Gafilat en mayo de 2017

Alma Solís

asolis@anpanama.com

(Ciudad de Panamá-ANPanamá). Panamá asistirá esta semana a su última evaluación por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) con proyecto de penalización del fraude fiscal bajo el brazo, tratando de ganar más puntos.

La reunión, que se celebrará en México, será la última del proceso que inició en mayo con la visita del grupo de evaluadores conocida como la IV Ronda de Evaluaciones en sitio, que hizo el Gafi a través del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). Desde esa fecha se informó que Panamá tenía por delante el reto de penalizar el fraude fiscal como precedente del blanqueo de capitales. (Ver también: Inicia oficialmente proceso de revisión sobre Blanqueo de Capitales a Panamá y se analiza fraude fiscal como delito)

ANPanamá pudo conocer que el Gafi en su evaluación ha señalado que  “En Panamá los delitos fiscales no están tipificados como delito base, ni como determinantes de lavado de activos, lo que afecta significativamente las posibilidades de prevención e investigación de delitos de lavado de Activos , e impide prestar una adecuada cooperación en los pedidos recibidos del exterior cuyo delito determinante se vincule con el delito fiscal”.

La semana pasada se realizó un consejo de Gabinete extraordinario para aprobar el proyecto de ley que incluye la penalización del fraude fiscal arriba de los US$300 mil con la oportunidad de que se puede eximir de pena a quien pague el monto de la obligación tributaria defraudada y sus accesorios formales en forma incondicional y total, antes de la sentencia de primera instancia. Este beneficio se otorgará por una sola vez por cada persona natural o jurídica. Se trata del proyecto de ley que adiciona el Capítulo XII “Delitos contra la Hacienda Nacional”, al título VII del Código Pena.

“Hemos aprobado en dos sesiones largas, tanto el día de ayer (jueves 30) y hoy (viernes 1 ) incluir el fraude fiscal en el código penal esto tiene como objetivo proteger al sistema financiero y logístico para que no sea utilizado para actividades ilícitas de evasión fiscal tanto en Panamá ” afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio De La Guardia luego del Consejo de Gabinete.

De La Guardia mencionó que entre los motivos que tiene para impulsar este cambio están “cumplir con los estándares internacionales”, sin hacer referencia a la evaluación del Gafi.

El equipo panameño intenta pasar la evaluación y no volver a una lista de países no cooperantes, llamada popularmente como lista gris. Esto traería consecuencias económicas para el país principalmente en temas de acceso y transferencias de crédito.

Debate interno

Mientras el país se prepara para discutir el tema a lo interno y poder  aprobar este proyecto de ley en la Asamblea Nacional, lo que no será hasta que inicie el segundo período de sesiones en enero de 2018. Los sectores privados del país, aun esperan mayor debate del tema, algunos se han opuesto y otros piden modificaciones. (Ver también: Sector privado pedirá cambios al anteproyecto sobre penalización fiscal)

Héctor Cotes, presidente de Apede dijo a ANPanamá que esperan poder participar en el continuaremos aportando al debate de este importante Proyecto sobre Penalización del delito fiscal o tributario.

“Esperamos un debate amplio en la Asamblea Nacional en enero para contar con una Ley que vele también por los mejores intereses de los panameños, no sólo para cumplir exigencias de organismos foráneos” expresó.

Agregó que consideran que las recomendaciones siguen válidas y que se pueden incluir al Proyecto, independiente que en este momento no hayan sido consideradas una de las que Apede propone es elevar el monto de que se considera delito fiscal de  US$300 mil a US$500 mil, pero aclararon que esto no implica que toda defraudación debe tener sanción, administrativa abajo del umbral y penal, en caso se apruebe, por encima del umbral

También están pidiendo que se deje claro como se determina el dolo o intencionalidad en estas acciones, para evitar cualquier manejo político inadecuado.

Por su parte, Severo Sousa presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), afirmó que no han recibido copia aún de lo aprobado, pero esperamos que se hayan tomado en cuenta las recomendaciones del sector privado al respecto.

“En cualquier caso participaremos activamente en su discusión en la Asamblea Nacional, donde insistiremos entre otras cosas, que en caso de aprobar el delito fiscal, el mismo no se constituya en precedente de lavado de dinero” explicó Sousa.