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APADEA muestra preocupación por seguridad jurídica en Panamá

(Ciudad de Panamá-ANPanamá) La Asociación Panameña de Aseguradores (APADEA), mostró preocupación sobre la seguridad jurídica en Panamá, luego que una de las empresas asociadas a ese gremio recurrió a un arbitraje internacional, tras la presentación de un reclamo de fianza por parte del Gobierno, por la no conclusión de obra estatal.

En un comunicado APADEA explica que desde el año 2019,  ha estado denunciando la acción de varias instituciones del Estado de reclamar la Ejecución Extemporánea de Fianzas emitidas desde el año 2016, que debieron ser presentados en el periodo establecido en la Fianza, es decir, luego de conocido el incumplimiento, no años después.

APADEA considera que estos retrasos es considerado lesivo para el ordenamiento jurídico, lo cual afecta a las empresas asociadas, quienes han visto afectado su patrimonio al hacer frente a reclamaciones a través de órdenes de secuestro de cuentas bancarias por parte del Estado, o de Subrogaciones en negociaciones donde el Estado ha hecho valer la jurisdicción coactiva, como medida coercitiva.

Según el comunicado, estas medidas han ocasionado pérdidas por sumas millonarias, afectando la reputación y la capacidad de defensa de las empresas asociadas al gremio, además de ser contrarias al debido proceso establecido en la Ley de Contrataciones Públicas en su artículo 131, según la modificación del año 2020.

También se destaca que las empresas asociadas han culminado proyectos de contratistas que incumplieron con el Estado, por lo cual, las reclamaciones presentadas por algunos funcionarios públicos fuera de los periodos que establece la Ley, no hacen más que empañar los esfuerzos de Panamá por salir de las listas grises, y deja una marca irreversible en las Empresas Reaseguradoras Internacionales, quienes observan con preocupación el mercado asegurador panameño.

A raíz de esta situación solicitan que esta situación sea dirimida antes de incurrir en gastos para el gobierno de Panamá, y la empresa privada, pero más importante aún, que les permita restaurar la percepción del debido proceso y el respeto a las leyes al país.