Panamá analiza la aplicación del impuesto mínimo global a multinacionales y su impacto en la economía
(Ciudad de Panamà-ANPanamà) Panamá, en calidad de miembro del Marco Inclusivo del Proyecto contra la Erosión de la Base Imponible y el Traslado de Beneficios (BEPS), se encuentra en la encrucijada de adoptar medidas para la implementación del impuesto mínimo global a multinacionales.
Esta medida, que ya está en vigencia en la Unión Europea desde enero del presente año, busca gravar los beneficios de las subsidiarias pertenecientes a grupos multinacionales con ingresos globales que superen los 750 millones de euros, a una tasa efectiva del 15%.
Aunque el tema está siendo analizado por las autoridades locales, aún no se ha llegado a una conclusión concreta. Expertos como José Luis Galíndez, socio de la firma Galíndez, Medrano y Asociados, señalan la importancia de observar el comportamiento de las multinacionales y filiales en Panamá ante este impuesto.
Durante un desayuno organizado por la mencionada firma, se abordó este tema con la participación de representantes de la Cámara de Comercio de Francia, así como representantes de la Dirección General de Ingresos (DGI) y otros actores relevantes.
Galíndez ilustró la situación con un ejemplo concreto: una corporación multinacional que posea un centro de distribución en Panamá Pacífico, un almacén en Zona Libre de Colón y una empresa en el territorio panameño, en este escenario, los beneficios obtenidos en conjunto por todas las entidades en el país estarían sujetos al impuesto mínimo global, y de no alcanzar el 15%, serían gravados en la jurisdicción de la casa matriz.
Frida Medrano, también socia de Galíndez, Medrano y Asociados, argumenta que Panamá debería implementar el impuesto mínimo global en un plazo no mayor de tres a cinco años para evitar la pérdida de ingresos potenciales. Además, destaca la necesidad de ofrecer otros beneficios a estas empresas para mantenerlas en el país y dinamizar la economía.
En caso de que Panamá decida no aplicar este impuesto, se estaría renunciando a un potencial recaudatorio significativo, lo que tendría repercusiones en términos de mercado, competitividad y atractivo de inversión para el país. Además, se perdería la oportunidad de aprovechar las relaciones comerciales con estas empresas y dinamizar otros sectores económicos.
Otro tema relevante abordado durante el evento fue el de los precios de transferencia, aspecto crucial en la legislación fiscal de muchos países. Estos precios se refieren al valor al que se transfieren bienes, servicios o activos entre empresas relacionadas, y su objetivo principal es evitar la evasión fiscal y garantizar transacciones justas.
La DGI asegura que la mayoría de las grandes empresas multinacionales cumplen con los requisitos legales en este sentido y están sujetas a auditorías para garantizar su cumplimiento.